Acontecimientos previos a la masacre: 

La masacre de Las Hojas proviene de una disputa entre la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña, ANIS, y un terrateniente vecino. En 1978 ANIS compró un terreno cerca del Cantón Las Hojas en el Departamento de Sonsonate. Este terreno fue comprado al Sr. Candelario Castro. La propiedad de ANIS colinda a un lado con la propiedad que pertenece al Sr. Alfonso Aráuz. 
El Sr. Aráuz solicitó una servidumbre de paso a través de la propiedad de ANIS para así reducir la distancia recorrida hasta la carretera principal. No se llegó a ningún acuerdo entre ANIS y el Sr. Aráuz.

En mayo de 1979 después de que ANIS sembró la primera cosecha, el Sr. Aráuz intentó repetidamente cruzar la propiedad y así destruyó cercas y cultivos de ANIS. Se inició finalmente una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Sonsonate. La demanda se resolvió a favor de ANIS.

Durante la disputa sobre el terreno varios empleados del Sr. Alfonso Aráuz entraron en la defensa civil. La defensa civil salvadoreña es parte del aparato militar cuyos miembros no son soldados profesionales. La defensa civil existe bajo el mando de las autoridades militares regionales. Sus deberes son de mantener el orden y proteger a la población contra ataques.

A principios de 1982, miembros de la cooperativa ANIS empezaron a recibir amenazas de muerte en forma escrita y anónima. Antes de la masacre, miembros de ANIS fueron avisados por miembros de la defensa civil, que éstos tenían una lista de subversivos y que varios miembros de ANIS habían sido identificados en dicha lista como tales.

La masacre:

Poco después del amanecer del 22 de febrero de 1983, aproximadamente doscientos (200) soldados del ejército salvadoreño, bajo el mando del Capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales, y el Mayor Oscar Alberto León Linares entraron a la cooperativa desde varios puntos, y con la ayuda de los miembros de la defensa civil local empezaron a capturar a miembros de la cooperativa. Los miembros de la defensa civil llevaban máscaras con la intención de ocultar sus identidades a las personas de la cooperativa. Los miembros de la defensa civil, sin embargo, fueron reconocidos por los miembros de la cooperativa. Entre los identificados están: Juan Aquilino Sermeño, Mario Arias Pérez, y el comandante cantonal, José Domingo Cáceres.

Los soldados llevaban una lista de supuestos subversivos, y miembros de la defensa civil les ayudaron a identificar a los que aparecían en la lista. Los soldados capturaron a miembros de ANIS cuyos hombres estaban en la lista, sacándolos de sus casas y llevándoselos. Un testigo observó que miembros de ANIS fueron llevados de la cooperativa, rumbo al Río Cuyuapa.

Todos tenían sus dedos pulgares de las manos amarrados; unos al frente y otros hacia atrás por la espalda. Se escucharon disparos momentos después de haber sido llevados. De los cadáveres encontrados en las orillas del Río Cuyuapa, diecisiete (17) fueron identificados.

Varias fuentes, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador confirmaron que alrededor de setenta y cuatro (74) cadáveres fueron encontrados en el área. Todas las víctimas de la masacre identificadas y una que no fue identificada, habían recibido disparos a quemarropa en la sien o detrás de la oreja.

El Proceso Jurídico:

Según los documentos anexados a la denuncia, los dieciséis (16) cadáveres reconocidos oficialmente son: Marcelino Sánchez Viscarra, de 80 años de edad; Benito Pérez Zetino, 35; Pedro Pérez Zetino, 24; Juan Bautista Mártir Pérez, 75; Gerardo Cruz Sandoval, 34; José Guido García, 21; Héctor Manuel Márquez, 60; Martín Mejía Castillo, 24; Antonio Mejía Alvarado, 22; Alfredo Ayala, 25; Lorenzo Mejía Caravante, 18; Ricardo García Elena, 19; Romelio Mejía Alvarado, 23; Francisco Alemán Mejía, 36; y Leonardo López Morales, 22.

El 11 de abril de 1983, el juicio "Las Hojas" fue iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de Sonsonate. Trece (13) individuos fueron acusados de haber matado a quince (15) personas. Posteriormente seis (6) de los trece fueron detenidos.

Se presentaron cargos contra Vicente Julián Sermeño, Pedro Pérez González, René Arévalo Moz, José Domingo Cáceres, Alfonso Inocente Cáceres, Capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales, y el Mayor Oscar Alberto León Linares. Fueron acusados y detenidos Juan Aquilino Sermeño Morales, Marcial Cáceres Rosa, Mario Arias Pérez, Liandro Pérez, Salvador José Sermeño y Julián Sermeño.

El 15 de diciembre de 1984, el Juzgado de Sonsonate determinó que había suficientes pruebas para proseguir el juicio contra tres (3) de los imputados. El Juzgado sobreseyó provisionalmente el proceso en contra del resto de los imputados por considerar que no había pruebas suficientes contra ellos.

El 24 de julio de 1985, la Cámara de lo Penal de Occidente determinó sobreseer provisionalmente el proceso contra todos los imputados. El 10 de julio de 1986, la oficina del Fiscal interpuso un recurso para reabrir la causa.

El Juzgado de Primera Instancia de Sonsonate declaró el mismo día que el Fiscal había entregado suficientes pruebas para autorizar la reapertura de la causa.

El 30 de marzo de 1987, el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de Sonsonate sobreseyó provisionalmente el proceso por segunda vez. Reportes de este segundo sobreseimiento indican que el proceso fue sobreseido contra once (11) miembros de la defensa civil y tres (3) militares, que incluyen al Coronel Araujo.

El 28 de abril de 1987, el Fiscal apeló la sentencia del Juzgado de Sonsonate a la Cámara de lo Penal de Occidente. La Cámara de apelación revocó la sentencia del Juzgado de Sonsonate el 13 de agosto de 1987, y se ordenó que fueran llevados a juicio los imputados. El Juzgado de lo Penal de Sonsonate expidió un auto de detención contra el Coronel Araujo el 17 de septiembre de 1987. Como respuesta, el Coronel Araujo interpuso un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 19 de septiembre de 1987. El 28 de octubre de 1987 la Asamblea Nacional aprobó el Decreto de Amnistía.

En virtud de este Decreto, la Corte Suprema remitió el juicio el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de Sonsonate, donde el Juez sobreseyó el proceso en favor de todos los imputados. El 19 de febrero de 1988, la Cámara sostuvo el fallo del Juzgado de Sonsonate al declarar que la ley de amnistía proporcionaba protección completa contra enjuiciamiento a todos los que participaron en la masacre de Las Hojas.

El 18 de julio de 1988, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema sostuvo que la ley de amnistía se aplicaba al caso de Las Hojas, razonando que todos los imputados gozan del beneficio de la ley de amnistía porque en el delito hubo una participación no menor de 20 personas.

Pregunta obligada: ¿Por qué el actual gobierno y el partido fmln siguen callando en relación a éste y tantos casos más de masacres y asesinatos selectivos, torturas y desapariciones de civiles, llevados a cabo antes y durante el conflicto armado, perpetrados por el ejército, los cuerpos de seguridad, las Defensas Civiles y los Escuadrones de la Muerte? ¿Acaso se han sumado a los otros sectores de derecha que pujan porque no se abran a la investigación y la justicia, con el pretexto barato de que no es conveniente abrir las heridas del pasado, tal como lo ha afirmado en varias ocasiones el actual vicepresidente Oscar Ortiz?

Daniel Guevara | 23 febrero 2019

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