Neris González solía viajar 25 kilómetros cada semana desde su pueblo rural de San Vicente, El Salvador, al pueblo más cercano para llamar por teléfono al Arzobispo Oscar Romero. González, líder comunitaria de 23 años de edad, informaba al Arzobispo sobre los recientes asesinatos, desapariciones y mutilaciones cometidas por las fuerzas de seguridad en su pueblo rural.

Esto fue en 1978, una época de creciente represión y violaciones de derechos humanos en El Salvador en el período previo al golpe de Estado en octubre de 1979 y la posterior guerra civil de 12 años.

Monseñor Romero fundó la Oficina de Derechos Humanos, originalmente conocido como Socorro Jurídico (Alivio Legal) en 1977, con el fin de documentar los abusos de todo el país. Fue uno de los pocos lugares donde la gente podía ir a reportar crímenes patrocinados por el Estado.

Todos los domingos, hasta su asesinato en marzo de 1980, Romero emitía homilías desde la gran catedral en la capital San Salvador que incluían las últimas denuncias. En las comunidades de cada pequeño pueblo, barrios y caseríos se podía encontrar gente escuchando en radios que funcionaban con baterías, sus homilías difundiendo los últimos horrores infligidos a la población civil.

Desde entonces, la Oficina de Ayuda Legal, conocida como Tutela Legal desde 1982, ha documentado más de 50.000 casos de abusos contra los derechos humanos - antes, durante y después de la guerra civil que terminó en 1992. Tutela Legal contiene el archivo más completo de la sangrienta historia de El Salvador y sus abogados siguen representando sobrevivientes de masacres conocidos como El Mozote y Río Sumpul.

Fin de una era

El 30 de septiembre el personal llegó a trabajar para encontrar las cerraduras cambiadas y guardias armados en las puertas. Custodiados por los guardias de seguridad se les permitió 10 minutos para que limpiaran sus escritorios.

El actual Arzobispo, José Luis Escobar Alas, había cerrado Tutela Legal y emitió un comunicado diciendo que su trabajo "ya no es relevante". Dos días después, Escobar Alas dijo que era una parte normal de la reestructuración y la modernización y que otra organización más relevante que Tutela Legal abriría en su debido momento.

El cierre provocó la condena nacional e internacional de grupos de creyentes, de derechos humanos y de grupos de solidaridad, con grandes protestas fuera de la Arquidiócesis. La mayor preocupación es por la seguridad y la preservación del enorme archivo de papel sin el cual en el futuro cualquier acción legal contra los responsables, que han gozado de total impunidad hasta ahora, podría resultar imposible.

El momento del cierre ha causado sospecha generalizada.

Diez días antes, la Corte Suprema aceptó un caso que cuestiona la constitucionalidad de la ley de amnistía presentado por varias organizaciones de derechos humanos.

La ley de amnistía muy controvertida aprobada por militares y el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en 1993 absolvió a todos los culpables de atrocidades contra los derechos humanos. Se refería a los escuadrones de la muerte, paramilitares, fuerzas de seguridad, y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los responsables por los 80.000 muertos y 8.000 desaparecidos nunca han rendido cuentas.

La sorpresiva decisión de la Corte Suprema y por lo general conservadora Sala Constitucional ha renovado la esperanza en la derogación de la ley de amnistía, y la posibilidad de que finalmente se pueda procesar a los responsables de miles de crímenes forensemente investigados y documentados por Tutela Legal.

Esta decisión judicial se produjo poco después de que el fiscal general en el gobierno del FMLN volvió a abrir la investigación sobre la masacre de El Mozote 1981 en los que al menos 800 civiles fueron asesinados por el ejército. Esta decisión fue una respuesta directa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en octubre de 2012 declaró la amnistía ilegal.

Tutela Legal comenzó a reunir testimonios y la investigación de la masacre de El Mozote casi de inmediato. Primero se presentó el caso ante la CIDH en 1990, en cuya institución se ha mantenido el caso durante 22 años antes de la decisión del año pasado.

En los últimos 15 años el trabajo de Tutela Legal ha demostrado ser crucial en casos contra figuras militares de alto rango que viven en los Estados Unidos.

'No es casualidad'

Patty Blum, asesor legal senior en el Centro por la Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco, dijo a Al Jazeera: "Tenemos una deuda con Tutela Legal por su escrupulosa documentación sobre los abusos ocurridos durante el conflicto salvadoreño. En muchas ocasiones y de múltiples maneras hemos hecho uso de sus documentos y materiales en los casos civiles que trajimos a los EE.UU., y España contra altos mandos del ejército salvadoreño por los crímenes, incluyendo el asesinato de Monseñor Romero y de los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas en 1989".

Y agregó: "La disolución de Tutela en este momento en la historia de El Salvador no puede ser una coincidencia."

Tutela Legal también estuvo activa en los nuevos casos de intoxicamiento a la población, como la fábrica de batería de plomo - Red car battery factory (fábrica RECORD), y desarrolló programas de educación y formación en derechos humanos en El Salvador.

CAFOD, la agencia oficial de ayuda católica de Inglaterra y Gales, es una de las decenas de grupos que exigen un cambio de sentido por el Arzobispo y garantías sobre los archivos.

Clare Dixon, directora de CAFOD para América Latina, dijo a Al Jazeera: "Mientras la guerra civil puede haber terminado, El Salvador es una sociedad desesperadamente polarizada y todavía hay grandes problemas de la justicia y la paz y violaciones de derechos humanos, de las investigaciones forenses y el acompañamiento legal a las víctimas. Tutela, sigue siendo esencial para las comunidades que se encuentran a merced de las prácticas abusivas de las industrias mineras y extractivas, la violencia de pandillas y el crimen organizado".

La Teología de la liberación de Oscar Romero y el trabajo con las personas más oprimidas del país continuaron después de su asesinato con el arzobispo Arturo Rivera y Damas (1984). Pero desde entonces, la jerarquía de la Iglesia Católica en El Salvador ha vuelto a sus raíces conservadoras, con muchos programas sociales y educativos cerrados por los párrocos, Bethany Loberg de ONG Share - El Salvador dijo a Al Jazeera.

Escobar Alas, nombrado arzobispo en 2008, es un conservador religioso y político bien conocido, ampliamente reportado como un miembro del grupo de extrema derecha Opus Dei.

Tutela Lega2En agosto de 2011, dijo: "No me puedo imaginar si se abrieran todos los casos. Cuándo vamos a vivir en paz, no creo que esta generación quiera pasar la vida discutiendo el pasado, sobre todo porque hay casos abundantes cometidos por ambas partes. ... es posible que la Ley de Amnistía es el mecanismo más apropiado para mantener la paz".

Escobar Alas causó controversia en diciembre pasado después de ordenar el retiro de un mural de la paz simbólica que adornaba la catedral de San Salvador, sin consultar a nadie, ni siquiera el gobierno o el venerado artista Fernando Llort.

Su más reciente comunicado de Tutela Legal lanzó una sombra sobre la reputación del personal con acusaciones vagas de corrupción y de mala administración.

En respuesta al cierre el presidente Mauricio Funes ha dicho: "preocupa" el cierre de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, porque con esa medida la iglesia católica manda una "mala señal" de que no está decida "a acompañar las causas justas" de los salvadoreños.

El Procurador de Derechos Humanos David Morales, un ex empleado de la Oficina de Tutela Legal, que ayudó a llevar el asesinato de Romero ante la CIDH, ha amenazado con emprender acciones legales contra la Arquidiócesis, a menos que se le brinde acceso a los archivos.

Los miembros del partido de oposición ARENA, uno de los favoritos para ganar las elecciones generales del próximo año, han guardado silencio sobre el cierre y no respondieron a la petición de Al Jazeera para hacer comentarios.

Los casos legales que posee Tutela incluyen Neris González. En diciembre de 1979 fue sometida a dos semanas de horribles torturas por agentes de la Guardia Nacional que la dejaron por muerta en un vertedero.

González dijo a Al Jazeera: "Este cierre arbitrario es una falta de respeto secuestro de la memoria histórica de las víctimas. Me siento re-victimizada por este acto abusivo del Arzobispo, pero debe haber otras personas detrás de él".

Fuente: AlJazeera (traducido del inglés por colectivo MarcialTeniaRazon)

Otros enlaces:

 

Compartir